Lección de conducta y libertad de expresión


Por Natalia A. Bonilla Berríos

La Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) prevendrá futuras acciones de la comunidad universitaria al prohibir la celebración de manifestaciones y al contratar un Oficial Examinador para casos graves, según la nueva revisión del Reglamento General de Estudiantes.

El documento radicado el 9 de septiembre de 2009 en el Departamento de Estado refuerza los previos estatutos de su antecesor aunque no deja de crear dudas sobre su presente y futura implantación. Y es que el código brinda, entre varias actualizaciones, tres artículos inéditos pertinentes a la conducta de los alumnos.

Los capítulos dos y seis son el eje de atención. Del primero, los artículos 2.15, 2.18 y 2.19 destacan los derechos y deberes de los estudiantes: se reconoce la libertad de expresión y asociación e incluso la celebración de piquetes, marchas y mítines dentro del Recinto pero “sujetada a las disposiciones de este Reglamento”.

El comportamiento tiene sus límites. Al igual que la previa Ordenanza, del 10 de julio de 1997, no se permite el daño a propiedad de la Universidad ni de llevar las actividades dentro de los edificios del campus universitario. Sin embargo, se añaden como condiciones que no se “coaccionará a otras personas, ni recurrirá ni incitará a la violencia en forma alguna, ya sea contra personas o contra la propiedad”.  Tampoco se podrá “interrumpir” u “obstaculizar” las tareas regulares de la Institución.

Sin duda, los paros se verían afectados. El uso de altoparlantes y bocinas fuera de los salones de clase son permisibles siempre y cuando no impidan la faena educacional; además, no se le podrá negar a la comunidad docente y no docente el libre acceso ni la entrada o salida de sus vehículos o sus personas de las instalaciones o edificios pertenecientes a los recintos.

Contrario al Reglamento anterior, a partir de ahora el Presidente o Rector podrá prohibir la celebración de estas actividades según estime,  “exista peligro claro e inminente de interrupción, obstaculización o perturbación sustancial” del modus operandi del primer centro docente del País y sus unidades derivadas.

“La semana antipasada pasó la 2.19, en de facto” cuando cerraron las unidades de la UPR del 11 al 17 de octubre 2009 debido a una situación de “peligro” refiriéndose a un posible paro a favor de los empleados cesanteados por el Gobierno, según destacó Manuel Santiago Jr.,  representante estudiantil por la Facultad de Educación ante el Senado Académico del Recinto de Río Piedras.

Las sanciones a éstas y demás actividades ilícitas persisten: amonestación, probatoria, suspensión, expulsión y compensación de gastos incurridos por la UPR para aminorar los daños. Mas, en el sexto capítulo se integra la asignación de trabajo en la comunidad universitaria y la implantación de un nuevo organismo que regule los casos de conducta.

La Junta de Disciplina continuará compuesta por un miembro del personal universitario nombrado por el Rector, dos profesores seleccionados por el Senado Académico  y dos alumnos escogidos por el Consejo General de Estudiantes de la unidad. No obstante, a la revisión 2009 de la Junta se le añade la contratación de un Oficial Examinador, que deberá ser un abogado certificado por el Estado Libre Asociado,  cuya labor será conducir “los procedimientos en los casos de faltas graves”  y celebrar las “vistas” que crea pertinente en casos como: multas de tránsito, asesinato, drogas, violación sexual o doméstica.

Si no se cumplen los decretos del Oficial, este puede acudir al Tribunal de Primera Instancia de la localidad para que emita una “orden judicial y que se obligue al cumplimiento de dicho mandato”.

He aquí el germen de la preocupación.  Si bien estos casos no perjudican el quehacer de los procuradores estudiantiles, de acuerdo con el ombudsman del Recinto de Río Piedras, Hernán Rosado Carpena, la mediación proseguirá como el primer paso de todo estudiante que enfrente algún conflicto.

El Reglamento General de Estudiantes entró en vigencia el 20 de octubre de 2009 pero su publicación pasó poco advertida. Sin embargo, Bárbara Sabat, estudiante de segundo año de la Escuela de Derecho y miembro del Comité de Acción de Estudiantes de Derecho (CADE), del Recinto de Río Piedras, expresó que la mayor inquietud que tiene el organismo es “el rol que tomará el Oficial Examinador” en los casos de disciplina.

Cuando se promocione y se oriente sobre este nuevo código, las reacciones en cadena  se desatarán.  Quedará en veremos si las acciones universitarias darán razón a la administración sobre la implementación del Reglamento o si darán pie a la coartación definitiva de derechos civiles de los estudiantes.

“Puede ser un elemento más de lucha dentro de toda esta gama de situaciones que están pasando a nivel de lucha institucional y nacional, aunque sólo y exclusivo no lo va a ser”, dijo Santiago Jr.

Según informó Sabat, el CADE está en el proceso de evaluación del Reglamento con el fin de “interpretar las normas y traducirlas” a beneficio del estudiantado que durante el pasado semestre académico ha mostrado nuevamente interés en ser parte activa de las protestas sociales en contra de la Ley 7 y las decisiones del presente Gobierno.

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