La suerte de la identidad haitiana en República Dominicana


La polémica que pesa sobre los dominicanos descendientes de haitianos en República Dominicana pone en discusión los términos “ciudadanía” e “identidad nacional”. La preocupación de la comunidad internacional es que estas personas, que suman más de 100,000 -y según estima la ONU puede ascender a medio millón-, se queden sin Estado y sean repatriadas a la tierra de sus padres, un país que no conocen y cuyo lenguaje, la mayoría, no ha aprendido.

Observar esta situación, desde una isla cercana como lo es Puerto Rico, no conlleva a tener más claro quién tiene o no la razón, o peor aún, qué puede considerarse “justo”. La Española, una isla compuesta por dos países y una larga historia de hermandad –y también riña-, puede analizarse a distancia como dos polos opuestos.

Mientras República Dominicana sostiene un notable crecimiento económico con un exitoso sector turístico y agrícola y con un Gobierno actual que alegadamente aboga por la transparencia; Haití lucha contra la corrupción en todas las esferas, la pobreza, el caos social antes y después del sismo y la alta degradación ambiental.

Cuando el terremoto de 2010 estremeció Puerto Príncipe, me acuerdo que el pueblo dominicano no esperó en cruzar la frontera y tender una mano amiga y solidaria sin buscar protagonismo ante las cámaras de televisión internacional.  Ese no fue el momento en que inició la migración de haitianos al país vecino, que de por sí se había registrado desde hace par de décadas, aunque ciertamente la destrucción causada por este fenómeno ayudó a exacerbar esta situación.

Según las autoridades dominicanas, los haitianos que emigraron a esta parte de la isla, en parte, no siguen las leyes, y viven de la economía informal o mercado negro.

Por tal razón, la ley especial de naturalización y el consiguiente plan de regularización de extranjeros ha buscado atender esta problemática.

El plan surge de una sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana, emitida en septiembre de 2013, que establece los parámetros para adquirir la nacionalidad dominicana y convocó a los registros a esta parte de la población, incluyendo a descendientes de haitianos que sí han nacido en este país, en un plazo corto de unos seis meses para que no vivan como “ilegales”.

No obstante, la cadena televisiva alemana Deutsche Welle publica que “fuentes oficiales aseguraron que unas 290.000 personas se sometieron al programa de registro, pero solamente 10.000 de ellos contaban con la documentación necesaria y apenas 4.600 completaron todos los requisitos para acogerse al proceso. Quienes no sean ciudadanos, podrán optar a la residencia legal si son capaces de probar que están en República Dominicana desde antes de octubre de 2011.”

Al cumplirse el plazo la semana pasada, el 18 de junio, cada día que pasa se teme que comience la deportación masiva.

Hasta el momento, las deportaciones voluntarias ya han iniciado -y de acuerdo con reportes del New York Times antes de la fecha límite de solicitud del plan- pero la preocupación de esta situación yace en el futuro de estas personas, en la negativa de la mayoría de abandonar el país que consideran es su tierra y tratar de empezar una vida en otro, completamente diferente.

Aquí entra a discusión el sentido de la identidad nacional y el concepto de ciudadanía. Expertos de derechos humanos y derecho nternacional y medios de comunicación alertan que estas personas, al ser deportadas, se quedarían apátridas, porque Haití no se ha ofrecido en reconocerlos inmediatamente como ciudadanos tan pronto crucen la frontera. Eso, sin sumar, los cambios sociales y estructurales que sin duda enfrentarán.

Tomar la decisión de “salir”, voluntaria y/o involuntariamente, ejerce mucha presión sobre este colectivo, porque la suerte en ninguno de los dos lados de la isla está garantizada.

¿Cómo sería vivir sin “nacionalidad” o “ciudadanía” oficial? ¿Hasta qué punto esta política de migración es “justa” y no busca crear “refugiados”?

La prensa y organismos de derechos humanos a nivel internacional han señalado esta política migratoria como una que promueve el racismo, la exclusión y que viola los derechos humanos. Inclusive el propio Gobierno de Haití ha calificado esta crisis como una “humanitaria” y ha solicitado apoyo de la comunidad internacional.

Según destaca un informe de Amnistía Puerto Rico, “por muchos años la República Dominicana ha negado a personas legalmente dominicanas pero de ascendencia haitiana recibir sus documentos personales legales. Estos documentos relacionados a su identidad, que a la vez reafirman su nacionalidad dominicana, son necesarios para procesos del día a día como para trabajar legalmente, recibir una educación, obtener ayuda médica de necesitarla, casarse con quien deseen y poder viajar. De negar los documentos, la Republica Dominicana negó derechos básicos a sus ciudadanos.”

Acá les dejo con varios vídeos de debates sobre esta situación que hace eco en la región y que inclusive la Comunidad del Caribe denunció ayer podría acabar en una “crisis humanitaria” si no es “apropiadamente” atendida, aunque no sabemos con exactitud qué signifique ese adverbio en este caso.

Crédito de mapa: Impacto digital

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