Cristales rotos indignan más que las medidas de austeridad


El reclamo por una auditoría de la deuda pública en Puerto Rico fue eclipsado hoy por un Gobierno y una prensa local prestos a denunciar más los actos de vandalismo que las causas que motivaron a miles de manifestantes a marchar. Sus preocupaciones y propuestas de soluciones, silenciadas una vez más.

El paro nacional en Puerto Rico fue organizado a propósito para que coincidiera con el Día Internacional de los Trabajadores. Porque la clase trabajadora es la que más se ha visto afectada por las últimas medidas de austeridad aprobadas por la Administración de Ricardo Rosselló y que avalan las recomendaciones de la Junta de Supervisión Fiscal.

Los protestantes planificaban concentrarse en cinco puntos diferentes de la zona metropolitana en San Juan. En la mañana, un grupo de manifestantes realizaron bloqueos en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín mientras un gran colectivo de personas se organizaba cerca de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, principal centro de educación superior y público de la isla.

La cobertura mediática transcurría con normalidad en varios canales de televisión y emisoras de radio que daban espacio a una pluralidad de voces de estudiantes, ciudadanos y artistas. Las pancartas y los gritos también resonaron en los medios de comunicación, por aquello de darle color a las notas del día.

Sin embargo, poco después del mediodía la protesta se salió “fuera de control” (dentro de las expectativas de los medios, el Gobierno y los ciudadanos) en la Milla de Oro, principal zona financiera del territorio. Un grupo de encapuchados lanzaron piedras a los cristales de instituciones financieras importantes como Banco Popular y UBS. Otros enmascarados vandalizaron propiedades públicas y privadas. La policía, en respuesta, lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Balas de goma fueron disparadas.

Cientos de empleados de empresas en la zona, que oscilaban entre apoyar indirectamente a los manifestantes del paro nacional y no encontrar razón entre sus demandas, fueron evacuados. Otros cientos fueron retenidos en áreas específicas de los edificios como parte de los protocolos de emergencia.

Decenas de protestantes acudieron a las estaciones del Tren Urbano, huyendo de los gases, sólo para ser encerrados. Los trenes no pasaron. Hileras de policías impidieron por casi una hora la entrada y salida de personas de la estación Roosevelt.

Fueron muchos los puertorriqueños que expresaron su sentir en las redes sociales, que transmitieron en vivo el pánico que experimentaron.

En una conferencia de prensa, el Gobernador de Puerto Rico responsabilizó a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, por “incitar la violencia” y que los organizadores del paro nacional “fallaron” en su gestión.

El enfoque de su discurso fue la reprimenda ante quienes cometieron actos de vandalismo diciendo que “todos aquellos que cometieron actos criminales vamos a asegurarnos que sientan todo el peso de la ley”.

Cuando uno de los integrantes de la prensa le pidió una reacción al génesis de la protesta indicó que “yo entiendo los reclamos porque son tiempos de alto reto. Yo entiendo que distintos grupos tengan sus reclamos. Lo que les digo es que nos tocó a esta generación asumir el reto enorme de reconstruir a Puerto Rico. Yo asumí ese reto como gobernador”.

Existe un gran número de personas y periodistas que atribuyen las manifestaciones a acciones perpetuadas por los estudiantes de la UPR, invisibilizando el sentir de una mayoría de puertorriqueños que están preocupados y hasta ahogados por la crisis económica.

Existe quienes aún no reconocen el impacto de la Junta de Supervisión Fiscal, aprobada en 2016 por el Congreso de EE.UU. como parte de la Ley PROMESA, para que la isla pague una deuda pública que asciende a los $69 mil millones de dólares a sus acreedores.  El Plan Fiscal augura importantes recortes en los servicios básicos, presupuesto de la UPR, condiciones laborales y ayudas del Estado.

También hay quienes creen que la crisis económica hay que aguantarla como mejor se pueda y que el pueblo no tiene poder de decisión más allá que acudir a las urnas para las elecciones locales o votar por la estadidad o la independencia en el plebiscito que se avecina para el 11 de junio.  Sin importar su resultado este instrumento, que no cuenta con el aval del Congreso de EE.UU., prevé calmar a la población y no revolucionarse ante su estatus quo.

¿Qué reclamos tiene la ciudadanía? A continuación, varias lecturas recomendadas:

(Foto de portada tomada de elnuevoherald.com)

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