El grito del Chocó


La paralización de labores y protestas en las calles continúan en uno de los departamentos más pobres y marginados de Colombia. A poco menos de un año de acudir a medidas similares, el pueblo vuelve a reclamar a la Administración de Juan Manuel Santos que cumpla con la asignación de fondos para mejoras de infraestructura, salud, educación y protección de derechos humanos.

Los residentes piden que se respete un acuerdo de 10 puntos, alcanzado en agosto de 2016 con el Gobierno Nacional. En aquel entonces, el Estado se comprometió con invertir unos 720.000 millones de pesos colombianos para la pavimentación de vías entre Medellín-Quibdó y Quibdó-Pereira. Estas obras de infraestructura, así como varios hospitales en diferentes regiones del departamento, están paralizadas. Los ciudadanos preguntan por qué.

El alza en los crímenes, la pobreza, la contaminación ambiental, la minería ilegal y la presencia de grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional, en zonas que fueron desertadas por las FARC, son algunos de los problemas que más aquejan a la población cuyo 31,7 % vive den situación de extrema pobreza. Se habla de una crisis humanitaria, de una estrategia para la toma de tierras a raíz de la fuerza y un recurrente desplazamiento forzado que decenas de líderes y organizaciones comunitarias han denunciado a lo que parecen ser oídos sordos.

Luego de varios días de manifestaciones, el periódico El Espectador publicó un editorial en el que denota que ya la prensa está cansada de reportar las mismas historias e hizo un llamado a la Administración de Santos, enfocada en la implementación del acuerdo de paz con las FARC, a poner en marcha las promesas hechas.

“¿Qué, exactamente, piden los chocoanos? En síntesis, muestras de que nunca más serán olvidados y que los discursos del Gobierno se pueden cumplir a pesar de ser un departamento donde la burocracia corrupta ha estancado el desarrollo. En particular, son varios sus reclamos,” expresa el editorial.

Más preocupante aún es el hecho de que el Chocó, con múltiples comunidades de afrocolombianos e indígenas, fuese catalogado como una región extremadamente vulnerable de cara al posconflicto. En 2016, ACNUR calculaba un promedio de 6.000 desplazados y otras 6.000 con restricción de movimientos en Baudó por la llegada de actores armados ilegales y el enfrentamiento entre ellos. En cuestión de salud, en ese mismo año se reportó un brote de malaria y la contaminación de ríos (en gran parte por la minería ilegal) continúa afectando la higiene y seguridad sanitaria de niños y adultos.  

Desde hace varias décadas, el Chocó ha sido considerada una zona estratégica para el tráfico de armas y drogas de varios grupos armados ilegales en Colombia por su acceso al Océano Pacífico y a la frontera con Panamá. Este, uno de los departamentos más afectados negativamente por el conflicto armado con las FARC, sorprendió en el plebiscito con una mayoría resonante a favor del sí. Optaron por esa opción porque saben el costo que trae consigo seguir la guerra si la han sufrido a carne propia y con la ausencia cada vez más latente por parte del Gobierno Nacional.

El paro cívico, que lleva ya una semana, sigue.

 A continuación, varias lecturas recomendadas:

(Foto de portada publicada en elcolombiano.com,crédito Donaldo Zuluaga)

*Natalia Bonilla es periodista y productora independiente especializada en conflictos, género y paz en Latinoamérica y el Medio Oriente.

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