Hacinamiento y tortura sistémica en cárceles de Argentina


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El Gobierno de Mauricio Macri atribuye estas fallas a la sobrepoblación en los centros de corrección. La activista Milagro Sala se une a las denuncias y la atención mediática se vuelca a su controversial caso. El martes 23 de mayo se organiza una marcha por su libertad.

Un informe del Comité contra la Tortura de la ONU condenó la violación de derechos humanos en el sistema penitenciario del país sudamericano. Un grupo de representantes hizo una evaluación de las prisiones en varias áreas geográficas de la nación a finales de abril y, en una segunda ocasión, a principios de mayo. Entre los principales problemas se encuentra la impunidad por la violencia policiaca ejercida contra las mujeres, los jóvenes de escasos recursos, homosexuales y trans. Una preocupación mayor fue descubrir que las prácticas “inhumanas” que observaron en 2004 persistían en la actualidad. Tanto así que cuestionaron las políticas del Estado argentino.

“Aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad como los niños, el colectivo LGBTI, los pueblos indígenas y los migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía por la sospecha de haber cometido un delito o ‘demorados’ para verificar su identidad”, una delegación del grupo declaró al finalizar su segunda visita oficial a la Argentina para evaluar situaciones de privación de la libertad en el contexto del sistema de justicia penal, las discapacidades psicosociales y la migración.

El Comité pidió a la Administración de Macri que “reafirme de forma inequívoca la prohibición absoluta de la tortura” y que realice una pesquisa “sin demora, exhaustivamente y de manera imparcial todos los casos de violencia cometidos en los centros de detención”. Además, pide que se garantice que los prisioneros sean recluidos en centros cercanos a sus hogares.

Amnistía Internacional (AI) fue uno de los organismos de derechos humanos que entregó documentación a la ONU para entender mejor la situación nacional. En el informe detalló que una de las más graves tendencias en Argentina es “el uso abusivo de la prisión preventiva”.

De acuerdo con cifras oficiales, en diciembre de 2015 se registraba un total de 71.464 personas privadas de libertad en todos los servicios penitenciarios del país, tanto federal como provincial. Del total de la población penitenciaria, el 51% se encontraba en prisión preventiva.

Las condiciones en los centros de detención y corrección tampoco cumplen con los estándares básicos de respeto a los derechos humanos. De hecho, según AI, la mayoría de estas localidades sólo facilitan el hacinamiento, hay “falta de luz solar e insuficiente luz artificial, ausencia de ventilación, colchones en mal estado, falta de agua caliente, humedad, instalaciones sanitarias precarias y condiciones antihigiénicas.”

Para las mujeres detenidas, los abusos sexuales son recurrentes. Algunas de ellas, fueron detenidas por haber tenido un aborto de manera premeditada o accidental. En torno a este tema, el AI cuenta que “la limitación o condicionamiento del acceso a la asistencia médica post aborto, tanto inducido como espontáneo, especialmente cuando se niega tal asistencia con el fin de imponer un castigo u obtener una confesión, puede constituir igualmente tortura.” El caso de Belén, que sufrió un aborto espontáneo y fue denunciada a la guardia policial, “en violación del secreto profesional que ampara la relación médico-paciente”. Estuvo en prisión preventiva por dos años para luego, en 2016, ser condenada a ocho años de prisión. “Pese a que el 15 de agosto la Corte Suprema de Justicia Provincial dispuso su libertad, entendiendo que no existen motivos para extender su privación de libertad, se encuentra aún a estudio la revisión de la condena”, indica el informe de AI.

En torno al trato discriminatorio contra grupos indígenas, el caso de la dirigente de Túpac Amaru, Milagro Sala, regresa a acaparar la atención mediática en los pasados días. Tomando en cuenta las expresiones de los representantes de la ONU Sètondji Roland Adjovi y Elina Steinerte que “resulta particularmente alarmante la respuesta desproporcionada de las fuerzas del orden ante las manifestaciones realizadas por los pueblos indígenas”, el comité de la ONU realizó una entrevista con Sala en la que ella aseguró haber sido víctima de “torturas” y hostigamiento.  (Leer más aquí)

Sala sigue en prisión preventiva desde enero de 2016 a pesar de que un juez provincial ordenara su excarcelación. Los cargos que se le imputaron respondían a presunta instigación, tumulto y sedición en su natal provincia Jujuy.  A Sala se le ha considerado una presa política a pesar de las polémicas que envuelven su pasada gestión, incluyendo una supuesta corrupción en la construcción de viviendas en su provincia y malos tratos de la organización Barrial Tupac Amaru a oriundos del área, entre otras acusaciones.

(Foto de portada tomada de lanacion.com.ar)

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